El empresario Gustavo Scaglione, conocido por ser dueño de medios regionales como UNO Santa Fe, UNO Entre Ríos y La Capital de Rosario, y recientemente asociado con José Luis Manzano en la compra de Telefe, aparece ahora como uno de los interesados en disputar el control de la empresa láctea SanCor. La compañía, con sede en Sunchales, fue declarada en quiebra por la Justicia tras el pedido de su propio Consejo de Administración, y se abrió un proceso judicial y de licitación para definir el futuro de sus activos y garantizar la continuidad operativa mientras se busca un comprador o conjunto de compradores.
En una reunión convocada por la Justicia para informar sobre los activos y la situación de SanCor, participaron distintos grupos tanto locales como internacionales. Entre los presentes estuvieron el grupo francés Savencia, propietario en Argentina de marcas y plantas como Milkaut, Adler, Santa Rosa e Ilolay; Adecoagro, que controla las firmas Las Tres Niñas, Apóstoles y Angelita; Punta del Agua SA, especializada en quesos; Elcor SA, que comercializa La Tonadita (con enfoque en mantecas y cremas); y La Tarantela, centrada en quesos. Scaglione no asistió a ese encuentro, pero según fuentes sindicales —particularmente Atilra— dejó trascender la posibilidad de presentar una oferta integral respaldada por socios extranjeros.
El interés de Scaglione no es nuevo: él y un pequeño grupo de empresarios participaron en 2023 en la conformación de un fideicomiso que intentó hacerse cargo de SanCor durante la gestión de la administración nacional anterior. Ese proyecto buscaba aportar capital y un esquema de gerenciamiento que permitiera a la cooperativa superar sus dificultades financieras, pero el fideicomiso no prosperó y la iniciativa quedó archivada. Con la nueva situación de quiebra, Scaglione considera que existe ahora una ventana de oportunidad para volver a intentar una compra o una reestructuración con un enfoque diferente.
En el ámbito de la industria láctea y entre observadores del proceso hay escepticismo respecto a la capacidad de un grupo con múltiples actores y aliados extranjeros para manejar de manera eficiente una empresa compleja y con raíces cooperativas como SanCor. La principal duda radica en qué actores locales y qué capitales foráneos estarían dispuestos a adherir a la propuesta que promueve Scaglione, así como en el tipo de soporte logístico y legal con el que contaría. Se menciona que Scaglione cuenta con el respaldo del estudio jurídico Casanova, Fesser, Salvatierra y asociados, de Rosario, para cuestiones de logística legal.
El procedimiento para avanzar en una eventual adquisición marcha con lentitud, según reconocieron fuentes vinculadas al grupo interesado. Faltan varias instancias judiciales clave, entre ellas la elaboración de los pliegos de condiciones que definirán los requisitos para los oferentes. Desde el gobierno provincial de Santa Fe también se admitió preocupación por la resolución del caso, y se señaló que quedan pasos procesales importantes por cumplirse antes de que pueda concretarse una venta o adjudicación de activos.
En distintos sectores empresariales se comenta que, tras la primera reunión informativa en sede judicial, al menos tres de los supuestos interesados habrían decidido no continuar en el proceso. Esa decisión puede obedecer a múltiples factores, entre ellos el estado patrimonial y operativo de las plantas, la envergadura de la deuda y las condiciones que imponga la Justicia para la venta. La resolución judicial que decretó la quiebra incluyó la modalidad de continuidad de funcionamiento: se busca que las plantas operativas sigan produciendo de manera transitoria durante el proceso de licitación, con el objetivo de generar ingresos, evitar el colapso laboral y mantener la actividad en la cuenca lechera. El juez a cargo, Marcelo Gelcich, de los Tribunales de Rafaela, subrayó en distintos comunicados que vender la empresa como un negocio en marcha preserva mayor valor que hacerlo por unidades o maquinarias paralizadas.
La cooperativa SanCor había acumulado una deuda aproximada de US$120 millones y no logró sostener un plan de pagos que evitara la quiebra. El fallo del juez Gelcich se produjo después del fracaso de la instancia de concurso de acreedores. En su resolución, el magistrado priorizó medidas destinadas a proteger los empleos y a intentar una venta ordenada que favorezca la continuidad de las operaciones. Actualmente se estiman en 914 los puestos de trabajo que la medida busca proteger, cifra que motiva la decisión de mantener sus plantas en funcionamiento durante la tramitación judicial.
Entre los interesados con antecedentes en la industria figura Adecoagro, que ya adquirió activos históricos de SanCor a fines de 2018: compró las plantas industriales de Chivilcoy y Morteros y las marcas Las Tres Niñas y Angelita por un monto cercano a los US$45 millones. Ese antecedente muestra que algunos actores del sector han intervenido previamente en la redistribución de activos de la cooperativa, lo que añade complejidad y experiencia al proceso actual. El grupo francés Savencia, por su parte, cuenta con una posición consolidada en el mercado local mediante la gestión de varias marcas y plantas, lo que lo colocaría como un oferente con capacidad industrial y comercial.
Para el juez y las autoridades, la venta con continuidad de la explotación es la forma más deseable de mantener el tejido productivo y social de la cuenca lechera, además de maximizar el valor de los activos. Sin embargo, la existencia de múltiples interesados, la magnitud de la deuda y la complejidad operativa y laboral de SanCor hacen prever que el proceso será largo y que las propuestas deberán ajustarse a los pliegos y condiciones que fije la Justicia.
En términos generales, la disputa en ciernes por SanCor refleja la interacción entre actores locales con proyectos de consolidación industrial y capitales extranjeros con interés en ampliar su presencia en Argentina. Para la comunidad de Sunchales y para la provincia de Santa Fe, el desenlace es relevante no solo por la continuidad laboral de casi un millar de personas, sino también por la estabilidad económica de un sector clave para la región. Hasta que se concreten los pasos judiciales, la situación seguirá observada de cerca por sindicatos, potenciales compradores, autoridades provinciales y el mercado lácteo en su conjunto.
