La vitivinicultura de Mendoza en alerta por el plan de desregulación del Gobierno nacional

El Gobierno nacional impulsa cambios a la Ley General de Vinos y a la normativa de alcoholes que provocan inquietud en Mendoza, la provincia que produce la mayor parte del vino argentino. La propuesta oficial incorpora medidas que, según autoridades provinciales y referentes del sector, ponen en riesgo la identidad vitivinícola, la trazabilidad y la competitividad de las pymes locales.

Rodolfo Vargas Aizu, ministro de Producción de Mendoza, advirtió sobre la potencial pérdida de las indicaciones geográficas y de los mecanismos de control que sostienen el modelo productivo y turístico de la provincia. Según el funcionario, esas modificaciones pueden derivar en importaciones y mezclas que desestiman a las regiones y afectan a la cadena de valor local.

El plan oficial, impulsado desde la cartera de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, propone reformas a la Ley N° 14.878 y a la Ley N° 24.566 que habilitarían la elaboración “deslocalizada” y reducirían controles sobre procesos de vinificación. Los cambios habilitarían, además, mezclas con productos importados y limitarían la capacidad del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) para monitorear etapas previas al embotellado.

Ese foco en el producto final y la permisividad para combinar insumos extranjeros generan preocupación sobre el aumento del riesgo de adulteraciones y la debilitación de las pymes que sostienen la producción local. En paralelo, la iniciativa contempla la eliminación de aportes obligatorios a la entidad encargada de la promoción estratégica del sector, lo que agrava las inquietudes sobre la sostenibilidad del financiamiento sectorial.

Qué propone el Ejecutivo y por qué genera rechazo

Entre las medidas más controvertidas figura la posible disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (Covia) y la supresión de mecanismos de financiamiento del Plan Estratégico Vitivinícola. Esa propuesta ya motivó acciones judiciales que cuestionan la vía administrativa para modificar normas de fondo que, según la oposición del sector, requieren debate legislativo.

Mendoza concentra buena parte de la producción nacional y sustenta economías regionales, por lo que cualquier cambio regulatorio tiene impacto inmediato en empleo, exportaciones y turismo. La vitivinicultura representa aproximadamente 15 % del Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial, nuclea a más de 800 bodegas y sostiene una oferta de alrededor de 20.000 productos, cifras que ilustran la magnitud del sector.

Reacción del sector: identidad, pymes y turismo en juego

Las cámaras del sector, incluida Covia y Bodegas de Argentina, manifestaron rechazo unánime a las iniciativas del Ejecutivo y pidieron discusión con evidencia técnica sobre impactos regulatorios. Fabián Ruggieri, presidente de Covia, calificó la reforma como “una ley nociva” y advirtió que la llegada de sobrestocks externos y la pérdida de trazabilidad afectan directamente a las familias y empresas que sostienen la industria.

Oenólogos, referentes provinciales y actores turísticos remarcan que el vino es tradición y experiencia, no solo una commodity, y que la posible alteración del origen y del control sanitario puede dañar la percepción del producto argentino en mercados exigentes. En Mendoza, además, el enoturismo concentra cada año a más de 2 millones de visitantes, un flujo que depende de la autenticidad de las bodegas y de la oferta ligada al terroir.

Si prosperan las modificaciones, las consecuencias podrían ir desde erosión de precios y pérdida de nichos de valor hasta menores ingresos fiscales por cambios en la trazabilidad y la fiscalización. Para muchas pymes regionales, la posibilidad de competir con mezclas y productos deslocalizados representa un riesgo directo a su viabilidad y al mantenimiento de la mano de obra especializada.

El siguiente paso político recae ahora en el Congreso, donde diputados y senadores deberán analizar las reformas propuestas y las demandas provinciales por proteger indicaciones geográficas y mecanismos de control. Mientras tanto, el sector se organiza para aportar datos técnicos, revisar el impacto económico y buscar salvaguardas que garanticen origen, calidad y trazabilidad.

La discusión trasciende intereses productivos: pone en juego identidades regionales, cadenas de trabajo y un circuito turístico que se consolidó en la última década. En los próximos meses, la definición sobre la ley marcará si el modelo argentino conserva su foco en origen y calidad o si se abre a una mayor liberalización con efectos aún inciertos para Mendoza y otras provincias vitivinícolas.