Debate por la propiedad y el negocio del mercado de carbono en la Argentina

El avance de proyectos provinciales y la ausencia de una norma federal colocan al país en una encrucijada sobre quién se queda con los beneficios del mercado de carbono. La Sociedad Rural Argentina (SRA) reclamó en la Exposición Rural de Palermo que los créditos de carbono y los servicios ecosistémicos sean reconocidos como propiedad privada de los productores.

La discusión no es solo jurídica: es económica y estratégica para el sector agropecuario argentino que busca nuevas fuentes de ingreso. Según la SRA, la falta de una ley nacional permite interpretaciones diversas que podrían dar lugar a apropiaciones locales del valor generado por la captura de carbono en suelos, bosques y pastizales.

En el centro del debate aparece el argumento constitucional que invoca el Artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. Esa lectura explica por qué varias jurisdicciones avanzan con sus propios proyectos y marcos regulatorios para gravar o gestionar los créditos en su territorio.

La SRA advierte que, sin una regulación unificada, las provincias podrían apropiarse de la mayor parte del valor económico de esos activos bajo el argumento de su dominio originario. Ese escenario genera incertidumbre entre productores e inversores sobre quién es el titular real de los créditos y qué reglas rigen su comercialización.

Desde la entidad, Nicolás Pino, presidente de la SRA, reafirmó que los servicios ecosistémicos son propiedad privada y que debe existir una compensación para quien produce ese servicio ambiental. La posición busca evitar lo que denomina la figura de “bienes comunes” y garantizar que los incentivos lleguen directamente a los propietarios rurales.

Hay experiencias provinciales en marcha que ya muestran modelos concretos de generación y comercialización de créditos, como el proyecto implementado en Misiones en colaboración con la empresa Mercuria. Estas experiencias sirven de referencia pero también evidencian la diversidad de enfoques y la necesidad de criterios uniformes para escalar el mercado a nivel nacional.

¿Cuánto puede pesar el negocio para la economía argentina?

El potencial económico que percibe el sector es significativo: la SRA estimó que en una primera etapa el mercado podría generar US$ 4.000 millones y llegar a US$ 10.000 millones en años siguientes si se consolida un marco regulatorio confiable. Sin embargo, esos números están condicionados a la certeza jurídica sobre la titularidad de los créditos y las reglas de comercialización.

En ese sentido, la Mesa Agraria de Carbono, impulsada por el sector privado, presentó un proyecto para establecer reglas claras, dar seguridad jurídica y evitar regímenes provinciales incompatibles. La SRA respalda que cualquier normativa reconozca la propiedad privada de los créditos para atraer inversiones y transparencia al mercado.

Para los productores la pregunta práctica es quién cobra y cómo se distribuyen los ingresos entre Estado y privados cuando se generan créditos por manejo sustentable. La discusión incluye aspectos fiscales, derechos de propiedad y mecanismos de compensación que definirán el incentivo real para prácticas de conservación y mejoras productivas.

Riesgos, beneficios y el cuadro político

El principal riesgo es la fragmentación normativa que puede desalentar inversiones nacionales y extranjeras por la incertidumbre sobre la titularidad y la tributación de los créditos. En paralelo, una norma nacional bien diseñada puede convertir al sector en protagonista de un nuevo flujo de exportaciones verdes y en un instrumento para financiar la agricultura sostenible.

Jurisdicciones como Jujuy, Neuquén, Salta y Chubut ya muestran distintos niveles de avance y distintos esquemas de participación en los beneficios, lo que obliga a una respuesta coordinada desde el Congreso. El Ejecutivo y el Legislativo tendrán que decidir si priorizan la uniformidad regulatoria o permiten modelos locales, con el impacto que eso implica para la competitividad del país.

Lo que deben seguir de cerca los productores y los actores del mercado son el contenido de los proyectos que ya están en la Cámara y la postura final sobre la propiedad de los créditos. En los próximos meses esa decisión definirá si Argentina capitaliza una oportunidad económica estimada en miles de millones de dólares o si se mantiene la incertidumbre que hoy frena parte de la inversión.

En síntesis, la discusión combina derecho constitucional, economía rural y política pública en torno a un activo emergente y valioso: los créditos de carbono. La resolución del debate marcará no solo quién percibe los ingresos, sino también la velocidad y la escala con que la Argentina transitará hacia una ruralidad más sustentable y orientada a mercados verdes.