La Sociedad Rural de 9 de Julio y grupos de productores presentaron un proyecto para crear una Comisión Vial Rural que administre y planifique las obras de caminos rurales en el distrito. La iniciativa se entregó esta semana al Concejo Deliberante y al Departamento Ejecutivo con el objetivo de darle continuidad institucional a la gestión vial.
El proyecto busca que la política de mantenimiento no dependa de cada cambio de gobierno municipal y que exista una administración técnica y participativa de los recursos. La propuesta apunta a ordenar prioridades, mejorar la ejecución de obras y evitar la pérdida de eficiencia frente a la alternancia política.
Qué propone la Comisión Vial Rural
Según el texto presentado, la Comisión Vial Rural sería un organismo con participación de productores, entidades rurales, la Cámara de Comercio y el Municipio para planificar y ejecutar obras de rutas secundarias y de infraestructura hidráulica. La idea es que la comisión elabore programas anuales y plurianuales de trabajo, presente balances y ajuste la planificación en función de resultados concretos.
El proyecto contempla que la comisión no solo defina prioridades sino que supervise la ejecución técnica mediante un gestor designado por concurso público. De este modo se busca profesionalizar la operación y transparentar el uso de los fondos destinados a vialidad rural.
Cómo se financiaría
El documento plantea que la comisión administraría el 85 % de lo recaudado por la tasa vial y el 100 % de los fondos provinciales transferidos con destino específico a infraestructura vial. Con esos recursos se debería elaborar un programa anual y un plan plurianual de obras que permita mostrar un balance de gestión cada año.
El control sobre la mayoría de los recursos locales y la totalidad de los fondos provinciales pretende garantizar que haya disponibilidad presupuestaria para obras planificadas y para intervenciones de emergencia. La gestión financiera estaría sujeta a rendición y a la presentación de resultados como condición para el ajuste de la planificación.
Integración y gestión operativa
La comisión estaría integrada por representantes de entidades agropecuarias, productores nucleados, la Cámara de Comercio y el Municipio, y prevé la designación de un gerente técnico por concurso público para llevar adelante la gestión operativa. Esa estructura busca combinar la mirada técnica con la representatividad de quienes transitan y dependen de los caminos rurales.
Además, el proyecto establece la elaboración de programas de trabajo y balances que permitan la autocorrección y la mejora continua de la gestión. La supervisión ciudadana y el control institucional figuran como mecanismos para dar cuentas del uso de los recursos y del avance de las obras.
Por qué importa para la comunidad
Los promotores insisten en que el problema vial excede al sector agropecuario y que la calidad de los caminos impacta servicios básicos como escuelas, comercio y el traslado de bienes y personas. Como destacó Hugo Eriquez, “es un bien común de toda la sociedad” y los recursos generados por el campo se vuelcan también a la vida urbana.
Mejorar el mantenimiento de caminos rurales no solo reduce costos logísticos para los productores sino que mejora la seguridad vial y la conectividad de poblaciones rurales. Por eso el proyecto busca convertirse en una política de Estado local que sobreviva a cambios de gestión.
Origen y modelo tomado
El trabajo para armar la iniciativa llevó más de cinco meses de recopilación de datos y análisis de experiencias en distintos municipios bonaerenses, con especial atención al modelo de Benito Juárez, que funciona hace casi 25 años. Esa experiencia sirvió para identificar prácticas que funcionaron y errores que conviene evitar al adaptar el esquema a la realidad de 9 de Julio.
“Se recopilaron datos de distintas instituciones y localidades, lo discutimos, lo pulimos y lo presentamos a los bloques”, explicó Eriquez sobre el proceso de elaboración. Según sus palabras, el envío al Concejo y al Ejecutivo es el paso formal para que el proyecto comience a discutirse institucionalmente.
Plazos y próximos pasos
El siguiente tramo del trámite implica el tratamiento en el Concejo Deliberante y la definición de la normativa que habilite la comisión, la administración de fondos y el concurso público para el gerente técnico. La expectativa de los impulsores es lograr una aprobación que permita iniciar cuanto antes un programa de obras y acciones de contención ante el deterioro vial.
Los referentes remarcan que la propuesta no es una solución inmediata a todos los problemas pero sí una herramienta para sostener mejoras en el tiempo y para responder con mayor rapidez a situaciones de crisis. En la práctica, el desafío será traducir el plan en obras concretas y en resultados perceptibles por productores y vecinos.
La creación de la Comisión Vial Rural en 9 de Julio plantea un cambio institucional para la gestión de la vialidad que, de aprobarse, exigirá seguimiento ciudadano y compromiso político para consolidar una política pública sostenible. Los próximos días serán claves para que el proyecto pase del papel a la discusión y eventual implementación local.
