La paralización de los puertos argentinos por la decisión de los prácticos dejó al descubierto un choque entre una norma oficial y la operativa marítima del país. Esta medida de fuerza responde a un decreto de desregulación publicado por el Gobierno la semana pasada y a la reacción de los profesionales que prestan el servicio de practicaje y baquía.
El impacto ya se siente en la cadena logística y en la cuenta de resultados de empresas locales y del comercio exterior. Además de los USD que no ingresan, hay mercadería que no se descarga y que resulta esencial para la operativa diaria de industrias y comercios.
Los prácticos no se encuadran en un paro sindical clásico, ya que muchos actúan como contratistas independientes y decidieron no presentarse a prestar servicio. Por esa condición no son empleados en relación de dependencia y, según su interpretación, no puede imponérseles una conciliación obligatoria.
El efecto práctico es inmediato: fuentes del sector reportan que ya hay 45 barcos demorados y proyectan sumar otros 30 barcos si la situación persiste, con un costo estimado por embarcación que, en dólares, se mueve entre USD 50.000 y USD 100.000 diarios. Ese ritmo de demoras multiplica pérdidas y complica plazos contractuales.
PUERTOS PARADOS: PEDIDO URGENTE DE LOS AGROEXPORTADORES
Gustavo Idígoras, presidente de la CIARA-CEC, advirtió sobre la gravedad de la situación y la aceleración en la cantidad de embarcaciones detenidas. La advertencia apunta a que cada día de inacción amplifica los costos financieros y logísticos para el sector agroexportador.
Desde la cámara aclaran que el sector exportador no es la contraparte de los prácticos y que aquí no hay un reclamo salarial por parte de las empresas exportadoras. Los prácticos, explican, prestan servicio a las agencias navieras y no representan una demanda directa contra los exportadores.
La entidad respaldó en principio la búsqueda de reducción de costos y la desburocratización, pero cuestionó la forma en que se implementó la medida oficial. Según Idígoras, la operatoria del decreto generó una explosión interna que no fue anticipada por las autoridades.
El dirigente alertó sobre el riesgo reputacional del país como proveedor confiable en los mercados internacionales y advirtió que la situación puede beneficiar a competidores directos como Brasil. Desde su perspectiva, la demora sostenida puede colocar a Argentina en una lista de riesgo comercial ante compradores y líneas navieras.
CIARA-CEC pidió que la Prefectura, como autoridad marítima, convoque de inmediato a una mesa de diálogo para trazar una hoja de ruta que permita implementar el decreto sin entorpecer el movimiento portuario. La urgencia, sostienen, es evitar que la situación se convierta en un problema estructural para la cadena exportadora.
El núcleo del problema, reiteraron, es que la falta de una mesa de diálogo previa con los prácticos impidió acordar condiciones de implementación y mitigación de impactos. Por eso reclaman una intervención estatal inmediata para destrabar la operativa y preservar compromisos comerciales.
En la práctica, la contratación individual de los prácticos impide que se aplique un mecanismo sindical típico para forzar la vuelta al trabajo. Esa característica contractual complica las herramientas laborales habituales y obliga a buscar una salida por vías administrativas o de consenso.
LA PREFECTURA AMENAZA A LOS PRÁCTICOS
La Prefectura publicó un edicto en el Boletín Oficial en el que advierte que la inasistencia deliberada podría configurar delitos tipificados en el Código Penal. En ese marco, las autoridades señalaron que las conductas podrían ser denunciadas penalmente, con sanciones que, según el texto, pueden implicar hasta 8 años de prisión.
El documento oficial está disponible públicamente y, en paralelo, los prácticos mantienen que conservan la libertad de no presentarse a trabajar aun cuando pierdan los honorarios por los servicios no prestados. Ese choque entre potestades administrativas y decisiones individuales agrega tensión a la negociación.
Impacto económico y logístico
Las demoras en los puertos generan costos directos diarios elevados para armadores y cargadores, y pérdidas acumuladas que aún no se han cuantificado plenamente. Además, el desborde en la logística porteña repercute sobre la disponibilidad de insumos para la industria y el comercio local.
Las principales afectadas son las empresas exportadoras e importadoras, junto con la cadena de valor agrícola y agroindustrial que depende de plazos y logística precisa. También se perjudican proveedores, transportistas y trabajadores vinculados a las operaciones portuarias.
Entre las soluciones posibles figuran la convocatoria a una mesa de trabajo inmediata, la mediación por una autoridad competente y, de ser necesario, la revisión puntual del decreto para introducir mecanismos transitorios. La prioridad para el sector privado es restablecer la operativa sin demoras que comprometan contratos y relaciones comerciales.
En las próximas horas será clave observar si la Prefectura avanza con sanciones, si se produce una convocatoria efectiva o si los prácticos empiezan a retomar turnos. Ese desenlace marcará si la tensión se resuelve por vías administrativas o si la disputa deriva en consecuencias legales y comerciales más graves.
Qué sigue y el riesgo reputacional
Si el conflicto se extiende, el riesgo es que compradores internacionales reorienten sus compras hacia proveedores con logística más confiable y predecible. Esa pérdida de competitividad puede tener efectos duraderos en la captación de divisas y en la posición competitiva de la agroindustria argentina.
La salida más rápida y menos costosa pasa por un diálogo urgente que permita armonizar la aplicación del decreto con la operativa portuaria y las condiciones laborales de los prácticos. Mientras tanto, productores, trabajadores y empresas esperan señales claras para evitar que las pérdidas económicas se traduzcan en un deterioro mayor de la cadena exportadora.
