Cierre de planta Granja Tres Arroyos provoca alerta gremial por crisis y sueldos en cuotas

Cierre de planta de Granja Tres Arroyos: sindicatos denuncian incumplimientos salariales y más de 1.200 trabajadores en riesgo

Resumen ejecutivo
La empresa avícola Granja Tres Arroyos (WADE – Grupo GTA) anunció el cierre por tiempo indeterminado de su planta en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. El anuncio profundizó un conflicto laboral que sindicatos nacionales señalan como consecuencia de reiterados incumplimientos salariales y pagos fraccionados. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) exigen explicaciones y medidas para garantizar los sueldos y la continuidad laboral de más de 1.200 trabajadores en varias provincias.

Qué ocurrió
La planta de Concepción del Uruguay fue cerrada de forma indefinida por la empresa, que atribuyó la medida a conflictos gremiales. Los gremios implicados, en cambio, sostienen que el origen del problema son atrasos en el pago de haberes y modalidades de pago parciales que llevan meses, afectando a trabajadores en Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Chaco. El caso escaló hasta audiencias en la Secretaría de Trabajo y generó reclamos públicos de ambas partes.

Reclamos y situación de los trabajadores
Uatre manifestó su “profunda preocupación” por la situación de las trabajadoras y los trabajadores vinculados a las plantas de WADE – Grupo GTA. Denuncian que, desde hace más de año y medio, los empleados sostienen la operativa de la empresa mientras cobran sus salarios en múltiples cuotas —en algunos casos en ocho o nueve cuotas— lo que afecta gravemente la economía familiar: dificultades para alimentarse, servicios impagos, alquileres atrasados y endeudamiento. Según el gremio, más de 1.200 personas atraviesan una situación “insostenible”.

El sindicato dijo haber realizado múltiples gestiones y audiencias ante el Ministerio de Trabajo, además de brindar asistencia con mercadería y gestionar servicios esenciales para las familias afectadas, con apoyo del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Uatre exige a la empresa que informe con claridad su situación administrativa y solicite al Estado las herramientas necesarias para preservar las fuentes laborales.

La versión del STIA
El STIA, por su parte, responsabilizó a Granja Tres Arroyos y al Grupo GTA por el conflicto y afirmó que la crisis se generó por incumplimientos salariales reiterados. Según ese sindicato, la compañía mantiene deudas de larga data y habría recurrido al pago parcial de haberes como una forma de presión sobre los trabajadores. El STIA sostuvo que la empresa adeuda la segunda quincena de abril y la primera de mayo de 2026 y que el plan de pago en cinco cuotas anunciado fue incumplido: hasta el momento se habría abonado apenas “una cuota y media”.

Además, el STIA rechazó la caracterización empresarial de las protestas como “inflexibles y desproporcionadas” y señaló que las medidas adoptadas por las y los trabajadores se encuadran dentro de la legislación laboral vigente ante la falta de cobro de salarios. El sindicato también denunció prácticas que calificó de antisindicales y cuestionó que la empresa haya pedido a operarios que desistan de los reclamos y retomen tareas a cambio del pago parcial de lo adeudado.

Respuesta de la empresa
Consultada por el medio que difundió el caso, la firma indicó que la situación en WADE está “normal” y que se está trabajando “según lo acordado con los trabajadores”, además de mantener un diálogo permanente con Uatre y con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. La compañía, sin embargo, comunicó su versión del cierre como una medida vinculada al conflicto sindical, mientras los sindicatos sostienen que el verdadero motivo son los incumplimientos de pago.

Alcance regional y detalles sindicales
Los gremios subrayan que no se trata de un problema local: además de Buenos Aires y Entre Ríos, hay trabajadores afectados en Córdoba y Chaco, lo que, según ellos, muestra un alcance federal. También se aclaró que los trabajadores de la planta de Concepción del Uruguay no responden organizativamente a Uatre, sino que pertenecen a otros sindicatos del sector alimentario, lo que complica la situación institucional y la representación en las negociaciones.

Instancias de negociación y conciliación
Las partes participaron en audiencias ante el Ministerio de Trabajo. Este jueves se realizó una audiencia de conciliación laboral en la Secretaría de Trabajo de Paraná, con la asistencia de representantes del Sindicato de la Carne, del STIA y de la empresa. No se llegó a un acuerdo y la reunión pasó a un cuarto intermedio. Los sindicatos afirman que las negociaciones formales “nunca fueron interrumpidas” y rechazan conversaciones extraoficiales con la patronal.

Impacto social y económico
Los incumplimientos salariales repercuten más allá del salario directo: los gremios denuncian que algunos trabajadores no pueden afrontar obligaciones básicas, como el pago de cuotas alimentarias, y que la presión económica lleva a situaciones de tensión entre quienes se ven obligados a aceptar pagos parciales y quienes mantienen la protesta. Uatre denunció que la empresa ha trasladado el peso de la crisis sobre los empleados sin presentar un plan claro de salida ni certezas sobre el futuro laboral.

Demandas y posibles pasos a seguir
Los sindicatos exigen transparencia sobre el estado real de la empresa, el pago inmediato de los salarios adeudados y la presentación de un plan viable para preservar los puestos de trabajo. Piden también que la compañía solicite al Gobierno las herramientas que permitan sostener las operaciones y proteger a las familias afectadas. Desde el ámbito público, las audiencias y la intervención de la cartera laboral serán determinantes para intentar mediar la disputa.

Qué vigilar en los próximos días
– Resultados de la continuación de la conciliación en la Secretaría de Trabajo: si se reactiva la producción, si hay garantías de pago o nuevas medidas legales.
– Comunicación oficial de Grupo GTA sobre su situación administrativa y financiera.
– Acciones de los sindicatos: posibles nuevas medidas de fuerza, ampliación del reclamo o acuerdos parciales.
– Medidas de asistencia social y apoyo provincial o nacional para las familias afectadas.

Conclusión
El conflicto alrededor del cierre de la planta de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay concentra reclamos por retrasos salariales y pagos fragmentados que, según los sindicatos, obligaron a los trabajadores a sostener la empresa en condiciones adversas. La disputa enfrenta versiones contradictorias entre la empresa, que atribuye el cierre a conflictos gremiales, y los sindicatos, que apuntan a incumplimientos de pago como causa principal. La continuidad del diálogo en las instancias laborales y la respuesta de la compañía serán clave para definir el futuro de más de mil trabajadores y el impacto en las comunidades donde operan estas plantas.

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