El 7 de julio se conmemora el Día de la Conservación del Suelo en Argentina en homenaje al norteamericano Hugh H. Bennett, reconocido como el “padre mundial de la conservación del suelo”. Esta fecha busca recordar la amenaza que representa la degradación de los suelos para la producción agropecuaria, la economía y la seguridad alimentaria.
Las visitas de Bennett a la Argentina en 1950 y 1957 dejaron un mensaje insistente sobre la necesidad de actuar contra la erosión y conservar el recurso suelo, al que definió como el bien más preciado de la humanidad. Su diagnóstico sigue vigente y sirve de base para la discusión técnica y política sobre prácticas de conservación del suelo en el país.
El Decreto 1574/63 institucionalizó el 7 de julio como Día de la Conservación del Suelo en todo el territorio nacional, con el objetivo de promover actividades educativas y técnicas vinculadas a la temática. Desde entonces la fecha fue destinada a difusión, clases y acciones públicas que destaquen la importancia de cuidar la capa productiva del suelo.
La dimensión del problema
Diversas estimaciones indican que alrededor del 38 % del territorio argentino está afectado por procesos de erosión hídrica y eólica, lo que equivale a aproximadamente 105 millones de hectáreas. En los últimos 25 años la erosión hídrica habría aumentado en cerca de 33 millones de hectáreas y la eólica en unos 9 millones de hectáreas, cifras que muestran la expansión de la degradación en áreas productivas.
Los procesos de degradación identificados incluyen erosión hídrica y eólica, compactación superficial y subsuperficial, reducción del carbono orgánico, pérdida de nutrientes, salinización, sodificación y desertificación. Estas dinámicas no sólo reducen rendimientos sino que también incrementan costos de operación y afectan infraestructura, cuencas y vías de navegación.
Estudios sobre las zonas pampeanas apuntan a pérdidas productivas anuales promedio del 22 % en áreas afectadas por erosión, con un impacto estimado en torno a los USD 1.500 millones para las regiones estudiadas. A nivel nacional se calculan efectos acumulados y flujos de pérdida de nutrientes y materia orgánica equivalentes a cerca de USD 2.400 millones anuales asociados a la extracción neta de recursos del suelo en sistemas intensivos sobre unas 30 millones de hectáreas.
Causas y barreras para políticas efectivas
La expansión del cultivo cerealero en siembra directa durante largos años sin rotaciones adecuadas, la simplificación de los sistemas productivos, la deforestación para agricultura y el sobrepastoreo en regiones secas aparecen como causas estructurales de la pérdida de fertilidad. Estas prácticas combinadas con eventos climáticos extremos aceleran la erosión y limitan la capacidad de recuperación de los suelos.
En las últimas décadas se presentaron múltiples proyectos de leyes de conservación del suelo que no prosperaron por la oposición a obligaciones y penas que generaban rechazo entre propietarios y usuarios rurales. Por eso se propone un enfoque basado en estímulos e incentivos fiscales como reducción de alícuotas inmobiliarias, exenciones o disminuciones de derechos de exportación para productos integrados a programas de conservación, asistencia con maquinaria, y programas de capacitación y extensión técnica.
Existen experiencias provinciales exitosas con marcos normativos y programas concretos, como los casos de Entre Ríos, Córdoba y el Observatorio de Suelos de Santa Fe, que demuestran que políticas públicas bien diseñadas pueden aumentar la adopción de buenas prácticas. Sin embargo, la Ley Nacional de Fomento a la Conservación del Suelo vigente está desfinanciada y lejos de ser el instrumento operativo que demande una agenda de escala nacional.
Qué se puede hacer ahora
Fortalecer la extensión pública y la capacidad técnica del INTA y de los equipos provinciales, implementar sistemas de monitoreo de suelos y promover pagos por servicios ambientales para productores que adopten prácticas de conservación son medidas prioritarias. Paralelamente, es imprescindible articular incentivos tributarios y comerciales que reconozcan el valor agregado por las producciones que preservan suelos y agua.
En el nivel productivo las prácticas con evidencia de reducción de erosión y aumento de sustentabilidad incluyen la siembra directa bien gestionada, rotaciones reales con cultivos de servicio, uso de cultivos de cobertura, manejo adecuado de pasturas y recuperación de estructuras para manejo del agua como microembalses. Estas prácticas deben combinarse con formación, asistencia técnica y financiamiento dirigido para que la adopción sea amplia y persistente.
La erosión puede volverse en muchos casos irreversible, y por eso actuar con urgencia no es solo una cuestión ambiental sino una decisión económica y estratégica para la soberanía alimentaria. Recuperar la prioridad política y los recursos para la conservación del suelo es clave para asegurar que las próximas generaciones hereden un país con capacidad productiva.
Por: periodista especializado en agroindustria, economía y ambiente para Palabra de Campo, con aporte de fuentes técnicas y estudios regionales. Este texto busca ofrecer contexto y propuestas prácticas para un problema que condiciona la producción y la economía nacional.
