El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, firmó un decreto y elevó al Poder Legislativo un proyecto para crear consorcios camineros destinados al mantenimiento de los caminos rurales de la provincia.
La medida replica un sistema con trayectoria en Córdoba y busca descentralizar la gestión vial para mejorar la transitabilidad en la red secundaria y terciaria.
Los elogios del campo
La Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) celebró la iniciativa y la calificó como el resultado de casi un año de trabajo conjunto con el gobierno provincial.
Cartez, vinculada a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), explicó que la propuesta responde a inquietudes reiteradas por productores vinculadas a la seguridad y al estado de los caminos rurales.
La entidad destacó la experiencia de Córdoba, donde la conformación de consorcios camineros permitió niveles de transitabilidad superiores a los de jurisdicciones que delegan las obras en municipios o comunas.
Además, la gremial valoró la creación del Fondo para el Mantenimiento de Rutas No Pavimentadas (FONOPA) como un mecanismo que asegurará recursos específicos para la conservación vial.
La propuesta de San Luis
El proyecto propone la conformación de consorcios con participación de productores para el mantenimiento de 4.460 kilómetros de la red secundaria provincial y establece la supervisión técnica de Vialidad Provincial.
La iniciativa fue trabajada con la Sociedad Rural Río Quinto y otras entidades del agro, que acercaron la experiencia de Córdoba como modelo replicable en San Luis.
El régimen prevé la creación de un fondo específico e intangible para garantizar el financiamiento y evitar desvíos de recursos, con el objetivo de descentralizar la gestión vial.
En materia de recursos, el mandatario propuso que el fondo se alimente con un monto equivalente al 100 % de lo recaudado por DO.PRO y con el 50 % del Impuesto Inmobiliario Rural, además de aportes de los asociados.
La foto muestra al gobernador Claudio Poggi firmando el decreto que impulsa la iniciativa y oficializa el proyecto a enviar a la Legislatura.
El gobierno anunció además un aporte inicial de equipamiento y la renovación de la maquinaria cuando culmine su vida útil para asegurar la operatividad de los consorcios en el tiempo.
Los trabajos realizados por los consorcios estarán certificados por Vialidad Provincial, con lo cual el Estado preserva el control técnico y fiscal sobre las obras.
El proyecto también contempla que los asociados puedan aportar recursos y mano de obra, combinando financiamiento público y participación privada para la gestión local de la red vial.
En la presentación participaron funcionarios del gabinete provincial y responsables de las áreas de Desarrollo Productivo, Seguridad, Hacienda e Infraestructura, y Vialidad.
El gobernador enfatizó que el sistema busca una respuesta más ágil y eficiente a las necesidades de conservación, con equipamiento ubicado cerca de los tramos que requieren intervención.
Para los productores, la implementación del régimen podría traducirse en menos costos logísticos, menor deterioro de camiones y maquinaria, y en general en una mejora de la competitividad del entramado productivo rural.
Quedan por definirse ahora los detalles normativos y el cronograma de implementación, así como la aprobación legislativa que transformará el proyecto en ley aplicable.
Si la experiencia se consolida, San Luis se sumará a las provincias que apuestan por modelos de gestión vial basados en la participación local y en fondos específicos para el mantenimiento sostenido.
