En Rosario, especialistas del sector exportador, la industria y el ámbito académico coincidieron en que el Reglamento de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR) plantea un cambio inevitable para las cadenas agroindustriales argentinas. La normativa entrará en vigor el 1° de enero de 2027 y prohíbe la comercialización en el bloque de productos provenientes de tierras deforestadas o degradadas después del 31 de diciembre de 2020, con exigencias estrictas de trazabilidad.
El EUDR afecta directamente a productos clave del país como la soja y la carne bovina, que deberán acreditar trazabilidad completa del lote y cumplir requisitos vinculados con aspectos sociales y laborales. Esa condición transforma el cumplimiento ambiental en una barrera de acceso al mercado y en, al mismo tiempo, una oportunidad para diferenciar oferta exportable.
Desde el gobierno se reconoció que la norma generó inquietud entre los países exportadores, pero también se afirmó que el debate evolucionó hacia no solo cuestionar la medida sino a cómo adaptarse sin perder competitividad. En ese contexto, se subrayó que la demanda internacional por alimentos producidos bajo criterios ambientales es legítima y que la clave es cómo responder a esa demanda.
Para actores del comercio agroindustrial, la clave práctica está en acelerar la implementación de sistemas de trazabilidad que permitan demostrar que la producción está libre de deforestación. El presidente de Ciaa-CEC y promotor de la plataforma Visec indicó que la herramienta es central para convertir este desafío en ventaja competitiva.
La oportunidad surge porque Europa importa cantidades relevantes: se estima que el mercado europeo demanda más de 20 millones de toneladas anuales de harina de soja, por ejemplo, y quienes cumplan con el EUDR podrán ganar espacio frente a quienes no se adapten. Por eso la tesis repetida en los paneles fue que el cumplimiento puede ser un factor de pérdida o de ganancia de valor para las exportaciones argentinas.
La plataforma Visec ya agrupa alrededor de 1.400 operadores, más de 1.000 productos y unas 4 millones de hectáreas incorporadas, y busca ampliar esa cobertura antes de la vigencia del reglamento. Sus impulsores pidieron además que los productos se registren antes de fin de año para no dejar unidades productivas fuera del sistema en el momento crítico.
Cómo convertir la exigencia en estrategia
Los panelistas coincidieron en que el cumplimiento del EUDR exige una respuesta colectiva y coordinada de toda la cadena, desde productores hasta acopiadores y exportadores, y no puede quedar como un “capricho” de empresas aisladas. El diagnóstico fue claro: la trazabilidad y las certificaciones deben consolidarse como infraestructura compartida para que la Argentina compita por calidad y cumplimiento.
En la mirada académica, representantes de Fauba resaltaron que una vez que el sistema esté operativo, registrar las unidades productivas y articular la información no es un proceso intrincado sino una condición comercial imprescindible. Asimismo, enfatizaron que convertir la obligación en propuesta de valor permitirá que los compradores europeos perciban el producto argentino como confiable y diferencial.
El riesgo, señalaron los expertos, es que si la adaptación es lenta otros proveedores como Brasil y Estados Unidos ocupen los espacios de mercado que exijan cumplimiento estricto. La recomendación unánime fue acelerar inversiones en trazabilidad, fortalecer apoyos logísticos y legalizar procesos para que la transición no signifique pérdida de participación sino una mejora competitiva para las exportaciones argentinas.
