La Secretaría de Agricultura publicó la Resolución 114/2026, mediante la cual se derogaron ocho normas fitosanitarias dictadas entre 1992 y 2013 que regulaban el ingreso de bananas al país. Esta decisión eliminó, entre otras, la Resolución 99/1994, la 823/2006 y la 262/2013, normas que establecían barreras para proteger a las principales zonas productoras argentinas.
La medida abrió un conflicto inmediato entre el gobierno nacional y las provincias productoras, especialmente Salta y Jujuy, además del sector bananero. Mientras la administración de Javier Milei afirma que los controles fitosanitarios se mantienen bajo un sistema moderno de análisis de riesgo, las provincias advierten que la derogación aumenta la vulnerabilidad frente a plagas que podrían afectar la producción local.
Según el comunicado oficial, las normas derogadas fueron reemplazadas por mecanismos más modernos de evaluación, trazabilidad, digitalización y fiscalización. Desde el Ministerio de Agricultura se explicó que los controles actuales se realizan mediante análisis de riesgo de plagas, inspecciones documentales y físicas, certificaciones internacionales y procedimientos armonizados con estándares del Mercosur, por lo que las resoluciones antiguas estaban obsoletas.
Para las provincias productoras, sin embargo, la eliminación de esas normas implica la pérdida de una barrera sanitaria histórica diseñada para preservar el estatus fitosanitario del NOA y el principal polo bananero del país. Esa tensión llevó a respuestas concretas de los gobiernos provinciales para mantener controles propios frente a la nueva normativa nacional.
Qué cambió y la reacción provincial
Jujuy respondió rápidamente con un decreto provincial firmado por el gobernador Carlos Sadir que establece controles locales para el ingreso, tránsito, almacenamiento y comercialización de banana fresca importada. El decreto exige certificados de origen, la Autorización Fitosanitaria de Importación (Afidi) y demás inspecciones para intentar preservar las barreras sanitarias provinciales.
El gobierno de Salta también reafirmó su postura y su gobernador, Gustavo Sáenz, publicó en redes que mantendrá medidas para cuidar la producción regional y minimizar riesgos fitosanitarios que llevan décadas de trabajo. En el sector, productores como Salvador Muñoz, presidente de Salvita, alertaron sobre el objetivo sanitario original de las normas y recordaron que la implementación de esas barreras llevó años y buscó proteger cultivos frente a enfermedades de alto impacto.
Principales amenazas fitosanitarias
- Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis).
- Ralstonia solanacearum.
- Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical (TR4).
- Palleucothrips musae.
- Colaspis hypoclora.
El decreto jujeño advierte que algunas de estas enfermedades pueden destruir plantaciones y dejar suelos improductivos durante más de treinta años, por lo que exige certificaciones y una vigilancia reforzada. Esa argumentación es central en la posición provincial para justificar controles autónomos frente a la decisión nacional.
Desde los despachos técnicos, un informe de SENASA (al que accedió LA NACION) recuerda que los requisitos fitosanitarios para la importación se determinan mediante el Análisis de Riesgo de Plagas previsto por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria de la FAO. El organismo sostiene que las verificaciones documentales y en los puntos de ingreso al país continúan y que los requisitos se actualizan periódicamente según la situación sanitaria de los países exportadores.
Volúmenes, mercado y consecuencias prácticas
En lo que va del año Argentina importó 285.531 toneladas de bananas, principalmente desde Ecuador, que concentra alrededor del 70 % del abastecimiento externo. Además, se consignó que ya ingresaron certificadas 177.759 toneladas desde Ecuador en el mismo período, según registros aduaneros y sanitarios.
La Cámara Argentina de Banana y Afines (Camabana) dijo que el mercado está abastecido y rechazó restricciones que impidan el ingreso de fruta importada a los nichos de mayor demanda. Según la entidad, el volumen importado resulta suficiente para abastecer ampliamente el consumo interno y las operaciones comerciales actuales.
Productores locales también aducen que Salta y Jujuy representan apenas el 1,2 % del consumo nacional de banana, por lo que el impacto sobre precios al consumidor sería limitado desde su punto de vista. No obstante, advierten sobre la necesidad de preservar zonas libres de plagas para mantener la competitividad y la sustentabilidad de la producción regional a largo plazo.
El choque entre la norma nacional y las medidas provinciales plantea un desafío de coordinación entre niveles de gobierno donde confluyen intereses sanitarios, comerciales y políticos. En el corto plazo la disputa definirá qué requisitos se exigen en la práctica al ingreso y comercialización de banana importada, y en el mediano plazo marcará la estrategia para prevenir la introducción y dispersión de plagas de alto impacto.
