Debate en el Congreso por la desregulación de la yerba mate: entre el mercado libre y el pedido de regulación para los pequeños productores
Un debate en la Comisión de Economías Regionales de la Cámara de Diputados volvió a poner en el centro la crisis del sector yerbatero y las consecuencias de la desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei. La discusión, promovida por los diputados Luis Basterra y Julia Strada (UxP), reunió a pequeños productores misioneros, autoridades provinciales, referentes del sector industrial y exfuncionarios, que ofrecieron posiciones enfrentadas sobre las causas de la caída de precios y las medidas necesarias para proteger a los productores.
Contexto y alcance del problema
Productores y autoridades de Misiones advirtieron que la caída del precio de la hoja verde afecta a cerca de 12.500 pequeños yerbateros en la provincia. Desde comunidades rurales hasta sindicatos de tareferos, los testimonios describieron cierre de chacras, abandono de cultivos y un éxodo de mano de obra hacia Brasil, donde jornaleros cobran, según denuncias, el equivalente a 30 dólares por día.
Los impulsores del debate defendieron la necesidad de medidas que mitiguen la crisis: reclamos por la devolución de facultades regulatorias al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), la implementación de políticas para sostener precios mínimos y programas de apoyo a la producción familiar fueron los centros de atención. Para los pequeños productores, la desregulación agravó una situación que ya mostraba ciclos de suba y caída cada varias décadas.
Posturas encontradas: industria y libre mercado vs. productores y regulación
En defensa del esquema de mercado libre impuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 —que entre otras medidas desreguló la actividad yerbatera—, Gustavo Quatrin, CEO de Playadito, sostuvo que “la solución está en el mercado” y rechazó que el Estado fije precios. Playadito, la principal industria yerbatera del país, explicó que sus ventas representan una parte significativa del mercado doméstico y resaltó beneficios atribuibles a la desregulación, como la caída de precios en góndola y el incremento de exportaciones.
Federico Sturzenegger, uno de los ideólogos del DNU, también ha señalado la mejora en indicadores comerciales como argumento a favor de la medida. Entre quienes defienden la desregulación estuvieron el diputado misionero Diego Hartfield, el actual presidente del INYM, Diego Correa (libertario), y Joaquín Comas, vinculado a la industria correntina y exdirector del organismo.
Frente a ese planteo, representantes de los pequeños productores, organizaciones sindicales y referentes históricos del movimiento yerbatero pidieron revertir parte de la desregulación o, al menos, contar con mecanismos de intervención que garanticen precios justos para la materia prima. Hugo Sand, líder de la movilización que en 2001 impulsó la creación del INYM mediante la Ley 25.564, reclamó devolver capacidades regulatorias al organismo como herramienta para evitar la repetición de ciclos de “precios espectaculares” seguidos por “precios de abandono”.
Causas señaladas y argumentos contrapuestos
Quatrin acusó al INYM de haber potenciado ciclos de suba de precios al enviar “señales equivocadas” que llevaron a una expansión de plantaciones y a una sobreoferta posterior. Desde su perspectiva, la intervención estatal para imponer precios o controles podría agravar el problema. Admitió, sin embargo, que los precios actuales están a niveles muy bajos: “Los precios más bajos son de abandono y los mejores precios que se pagaron están un 50% por debajo de lo que se pagaba a fines de 2023”, señaló, a la vez que contextualizó la situación como parte de ciclos de mercado que ocurren cada 30 años.
Los productores y tareferos dieron cifras y relatos más dramáticos sobre la realidad diaria: Ana Cubilla, de un sindicato de tareferos de Andresito, explicó que cientos de trabajadores migran a Brasil en busca de mejores ingresos. Susana Cuadra, una pequeña productora que viajó desde Misiones a Buenos Aires, dijo: “En Misiones nos estamos fundiendo. No pedimos ventajas, solo que nos paguen un precio justo y digno. Vemos que la yerba aumenta su precio en los supermercados y a nosotros hoy nos están pagando la mitad de lo que nos pagaban hace tres años. Es imposible seguir así”.
Impactos sociales y económicos
La discusión no solo giró en torno a teorías económicas sino también en torno a consecuencias concretas: cierre de chacras familiares, pérdida de empleo rural, reducción de ingresos en comunidades que dependen de la cosecha y la industria asociada, además del riesgo de abandonar hectáreas y degradar el tejido productivo regional. El éxodo de tareferos y pequeños productores hacia trabajos en Brasil refuerza la dimensión social del problema.
Medidas propuestas
En el Congreso se escucharon propuestas diversas: algunos pidieron la recuperación de herramientas regulatorias por parte del INYM para fijar precios de referencia o mínimos, controles sobre la expansión de plantaciones para evitar ciclos de sobreoferta y programas de acompañamiento para productores familiares. Otros defendieron incentivos a la exportación, mejoras en la logística y apertura de mercados como salidas compatibles con la desregulación.
El debate también dejó entrever la necesidad de políticas públicas que combinen medidas de mercado con redes de protección social y asistencia técnica, para que la transición hacia mayores niveles de competencia no sacrifique la subsistencia de pequeños productores.
Qué sigue
Los resultados concretos del debate dependen de la voluntad política para traducir los reclamos en medidas legislativas o administrativas. Mientras tanto, la realidad en los yerbales de Misiones y zonas aledañas seguirá marcando la urgencia: la caída de ingresos y el abandono de cultivos obligan a una respuesta rápida si se quiere preservar la producción regional y evitar consecuencias sociales mayores.
Conclusión
El encuentro en la Comisión de Economías Regionales mostró la polarización entre quienes defienden la desregulación y la libertad de mercado como motor de competitividad y quienes exigen reglas, precios mínimos y políticas públicas para sostener a los pequeños productores. La discusión sobre el futuro de la yerba mate plantea un reto mayor: diseñar soluciones que permitan aprovechar mercados más abiertos sin perder la sustentabilidad social y económica de las comunidades productoras, esencial para la provincia de Misiones y para la cadena productiva en su conjunto.
