ROSARIO — En un debate que reunió a referentes de la industria semillera, del campo y del Estado, se lanzó con fuerza la idea de modernizar la ley de semillas de 1973 para adaptarla a los desafíos actuales de la agricultura argentina. Los asistentes coincidieron en que el marco vigente está desactualizado y limita la previsibilidad requerida por inversores y desarrolladores de tecnología genética.
El panel, celebrado en el Congreso de Aapresid, contó con la voz de actores clave: Matías Famulari (presidente del Instituto Nacional de Semillas), Alfredo Paseyro (director ejecutivo de ASA), Pablo Giestet (referente de las entidades rurales) y Marcelo Torres (presidente de Aapresid). El intercambio fue moderado por Ignacio García, secretario de la fundación organizadora, y mostró avances en el diálogo aunque mantuvo diferencias relevantes.
El debate importa porque la legislación sobre semillas regula desde la multiplicación y comercialización hasta la incorporación de biotecnología y las formas de compensación por el uso de material genético. Una norma clara impacta en la llegada de nuevos materiales genéticos, en la inversión privada y en la rentabilidad de los productores, elementos centrales para la competitividad del sector agroindustrial.
Según los panelistas, la norma actual permite situaciones ambiguas: Famulari advirtió que hoy basta con acreditar el origen legal de una semilla para poder multiplicarla “hasta el infinito de tiempo y de cantidad”, lo que para muchos actores no ofrece señales claras a quienes invierten en mejoramiento. Esa ambigüedad es, a juicio de varios participantes, una de las razones por las que es urgente una reformulación normativa.
Qué está en disputa y por qué
El punto más áspero del diálogo fue el uso propio, es decir, la práctica de que productores reutilicen semilla de cosechas anteriores para la siembra siguiente. Mientras un sector reclama mantener amplias posibilidades de uso propio por tradición y costos, la industria semillera busca definir cuándo corresponde compensar por esa reutilización y cómo implementarlo. El objetivo explícito que planteó la industria es diseñar un esquema que incentive la inversión sin afectar la rentabilidad del productor.
En ese marco, algunos participantes plantearon fórmulas intermedias como el concepto de “uso propio incremental”: cuando un producto amplía significativamente la superficie sembrada con la misma genética, debería contemplarse una contraprestación. Ese enfoque busca evitar conflictos futuros y dar certezas sobre los derechos del obtentor y del usuario.
Otro eje de tensión es la adhesión a normas internacionales de protección de obtenciones vegetales, en especial UPOV 91, frente a versiones más antiguas como UPOV 78. Desde ASA y parte del sector productivo sostienen que UPOV 91 da previsibilidad y facilita la llegada de tecnología; en tanto, representantes rurales pidieron que cualquier avance se regule con cuidado para preservar derechos de los agricultores.
Pablo Giestet fue más allá y propuso mirar hacia un marco que contemple tecnologías emergentes, incluso mencionando la necesidad de un estándar actualizado que supere lo previsto en 1991. Ese planteo pone sobre la mesa la discusión sobre edición genética, patentes biotecnológicas y la definición de variedades derivadas, temas que aún requieren tratamientos técnicos y políticos específicos.
Avances, límites y próximos pasos
En el balance de la jornada hubo un consenso claro en torno a que el diálogo avanzó y que las posiciones están hoy más cercanas que al inicio de las reuniones entre actores. Paseyro resumió ese cambio al subrayar que la primera reunión estuvo marcada por desconfianzas y prejuicios, mientras que ahora existen puntos de coincidencia en varios temas centrales.
Sin embargo, los referentes admitieron que quedan asuntos complejos por resolver: el alcance del derecho del obtentor, las variedades derivadas, la incorporación de biotecnología y la forma en que se plasme cualquier instrumento internacional en una ley nacional. En ese sentido, Famulari señaló que el Ejecutivo se comprometió a enviar a Congreso su postura, pero recalcó que lo determinante será cómo se reglamente la adhesión.
Para el sector semillero, una ley nueva daría mayor seguridad jurídica y evitaría que los derechos queden sujetos a resoluciones administrativas que pueden cambiar con cada gestión de gobierno. Esa estabilidad es, según ellos, clave para sostener la llegada de inversiones y el mejoramiento genético que impulsa productividad y adaptación climática.
Si bien no hay plazos definidos, la foto que dejó el congreso es de un proceso en movimiento: más diálogo, acuerdos parciales y definiciones pendientes. Para productores, técnicos e inversores la lección es clara: la forma en que se regule la semilla en los próximos meses incidirá directamente en la capacidad del país para incorporar tecnología y en el costo operativo de la agricultura.
En los próximos pasos será clave que los acuerdos tempranos se traduzcan en propuestas técnicas concretas y en un proceso legislativo que combine protección de derechos con garantías para los productores, evitando que la discusión se empantane en términos doctrinarios. El desafío político y técnico consiste en equilibrar innovación, acceso y previsibilidad para toda la cadena.
