El Gobierno vuelve a recurrir a los DEX —los conocidos derechos de exportación— como respuesta rápida a necesidades fiscales, y el resultado inmediato es mayor presión sobre el campo. Esta estrategia convierte a la producción agropecuaria en un recurso recurrente para emergencias, con costos que van más allá del bolsillo del productor.
La importancia de esta dinámica no es menor para los lectores: afecta precios al productor, incentivos de siembra y la decisión de inversión en tecnología y almacenamiento. Además, altera la cadena de valor y puede traducirse en menos empleo y menor actividad en zonas rurales.
En la práctica, la lógica es siempre la misma: ante un bache fiscal se ajustan los derechos sobre las exportaciones y aparecen regímenes especiales para atraer inversiones o asegurar ingresos. Estos mecanismos, cuando se convierten en regla temporal recurrente, generan distorsiones y aumentan la percepción de riesgo entre inversores nacionales y extranjeros.
El campo es particularmente vulnerable porque su activo es, por naturaleza, móvil y sensible a las reglas de comercio exterior; el productor puede postergar ventas, retener granos o trasladar capitales al exterior. Esa movilidad facilita la llamada “fuga hacia el colchón” y reduce la base imponible efectiva cuando los incentivos y las normativas cambian con frecuencia.
Existe además un componente de desigualdad: quienes negocian mejores regímenes o tienen acceso a programas como el RIGI suelen mitigar el impacto, mientras que la mayoría de productores afrontan las consecuencias de forma directa. Esa asimetría alimenta reclamos de equidad y dificulta la gobernabilidad de políticas fiscales en agricultura.
El sistema de liquidación de divisas y el control de cambios también juegan un papel central, porque definen si los ingresos por exportaciones se repatriarán o se “acolcharán” fuera del sistema. En ausencia de reglas claras, los incentivos favorecen la demora en las ventas y la dolarización de activos por parte de operadores y productores.
Clima, productividad y la fragilidad de las expectativas
Esta campaña agrícola se benefició de un clima favorable, pero la variabilidad meteorológica es cada vez más extrema y refuerza la necesidad de reglas estables para mantener inversiones a largo plazo. El clima puede sostener rendimientos puntuales, pero no reemplaza la certeza institucional que demanda el capital.
Sin un cambio de expectativas que incluya reglas estables y señales claras sobre DEX y regímenes de incentivo, la inversión productiva tenderá a postergarse o a orientarse hacia activos menos expuestos. La transformación productiva requiere horizonte y predictibilidad, no soluciones de coyuntura.
Algunos sectores del agro realizan inversiones en logística, almacenamiento y tecnología con plazos de varios años, por lo que la percepción de riesgo fiscal altera no solo el volumen de inversión sino su naturaleza. Cuando las señales son contradictorias, se priorizan proyectos de corto plazo y se reduce el componente de modernización.
Qué pueden hacer las autoridades y el sector privado
Reducir la incertidumbre exige un marco fiscal que combine sostenibilidad de ingresos con competitividad, por ejemplo mediante calendarios de reducción gradual de derechos de exportación y medidas compensatorias temporarias. Complementar esos calendarios con cláusulas de revisión y transparencia ayudaría a restaurar confianza sin sacrificar la capacidad recaudatoria del Estado.
Otra vía es uniformizar el acceso a incentivos y revisar los regímenes especiales para evitar ventajas discrecionales que distorsionan la competencia. Una política que promueva igualdad de condiciones reduce la percepción de “impuesto al otro” y facilita consensos a la hora de ajustar las cuentas públicas.
En paralelo, el sector privado puede avanzar en mecanismos de cobertura, agregación de valor y acuerdos de largo plazo con compradores para amortiguar la exposición a cambios abruptos. La combinación de señales públicas claras y acuerdos privados de largo plazo es la receta más sólida para reactivar la inversión sustentable.
En definitiva, la discusión sobre DEX es mucho más que un conflicto técnico: es una decisión sobre qué modelo de país se pretende financiar y con qué reglas de juego. Para el agro, la clave será lograr una transición que equilibre la necesidad fiscal con la estabilidad que demanda la inversión y la adaptación climática.
