Un proyecto de ley en la Legislatura de La Pampa abrió un fuerte debate entre productores, cabañeros y entidades del sector agropecuario por su propuesta de reemplazar la normativa vigente de 1970 y crear un sistema provincial de control con certificados digitales y trazabilidad sanitaria. La iniciativa promete modernizar registros con códigos QR, pero los actores del campo advierten que podría generar mayor burocracia y costos adicionales para la producción.
Las críticas provinieron de la Mesa de Enlace provincial —integrada por SRA, Confederaciones y Federación Agraria— y de más de 40 cabañas que enviaron un documento formal al gobierno provincial reclamando la retirada del proyecto. Los firmantes sostienen que la reforma amplía el alcance de los controles y crea una estructura administrativa nueva que duplicaría funciones ya desempeñadas por Senasa.
Qué propone el proyecto y por qué preocupa
Según el texto impulsado por legisladores del bloque FREJUPA, Comunidad Organizada y la UCR, la norma pretende instaurar un Sistema Provincial de Certificación Digital, Trazabilidad Sanitaria y Control de Reproductores Animales que registre todas las operaciones comerciales, incluidas ventas directas y transacciones por plataformas digitales. El proyecto plantea certificados con QR interoperables con los sistemas nacionales y extiende el control a todas las modalidades de comercialización, una modificación que para el sector cambia sustancialmente el alcance de la legislación vigente.
En la redacción actual de la provincia la normativa se aplicaba principalmente a reproductores con estado Pedigree o Punto Controlado, mientras que el nuevo texto utilizaría la categoría genérica de “reproductores”, lo que, según los críticos, podría incluir prácticamente cualquier animal destinado a la reproducción. Esa amplitud genera inquietud porque implicaría trámites y certificaciones para productores y profesionales que hasta ahora no estaban obligados a ese nivel de fiscalización.
Los impulsores del proyecto sostienen que la modernización responde a demandas de mercados internacionales y a la necesidad de fortalecer la salud y calidad genética de los rodeos mediante documentación digitalizada. En su diagnóstico aseguran que la propuesta facilita el cumplimiento de estándares y digitaliza procesos que hoy se realizan de manera fragmentada, con beneficios para la trazabilidad y el comercio.
Por su parte, referentes de la producción advierten que la ley no solo no desburocratiza, sino que crea una nueva escala administrativa provincial que exigirá inscripciones, cursos y matriculación para profesionales, en particular veterinarios. Ese punto fue uno de los ejes del reclamo del Colegio Médico Veterinario y de propietarios de cabañas que dicen temer una “provincialización” de controles ya centralizados a nivel nacional.
Los críticos también señalan riesgo de duplicación con el Documento Único de Tránsito (DUT) y los sistemas integrados con Senasa, lo que podría derivar en trámites redundantes para el productor que comercializa animales entre jurisdicciones. En ese sentido plantean que la medida podría encarecer la producción en un momento considerado crítico por el sector agropecuario pampeano.
Actores, argumentos y la pulseada política
Albiño Cao, productor y delegado de la Sociedad Rural Argentina, explicó que la iniciativa nació tras pedidos de las entidades rurales de avanzar en la derogación de la antigua ley, pero que el resultado legislativo terminó incorporando elementos que alarman al campo. Cao afirmó que la propuesta incluye cargos administrativos y aranceles que finalmente recaerían sobre los productores pese a que se anuncia como gratuita.
Gustavo Cappello, titular de la cabaña Doña Angélica, agregó que el trabajo profesional que hoy realizan los veterinarios debería ser auditado por las entidades competentes sin convertir la provincia en un operador paralelo. Los representantes de las cabañas y de la Mesa de Enlace enviaron notas al Ejecutivo y al Legislativo reclamando la derogación de la ley provincial N° 1489 y solicitando que cualquier cambio preserve la desburocratización y la interoperabilidad con sistemas nacionales.
Desde la Legislatura, el diputado provincial Maximiliano Aliaga, uno de los autores del proyecto, defendió la iniciativa y dijo que la intención es modernizar y no sumar trámites, sosteniendo que el objetivo es digitalizar controles para mejorar la calidad genética y la sanidad. Aliaga afirmó además que la normativa debería garantizar que la provincia no delegue toda la responsabilidad sanitaria en organismos nacionales y que exista una política provincial complementaria.
En el plano político, la discusión permanece abierta y la iniciativa deberá pasar por comisiones antes de llegar al recinto, mientras que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para derogar la ley de admisión figura en el orden del día con dictamen de comisión. Esa dinámica abrió la posibilidad de negociar alternativas que limiten el alcance de la norma o que establezcan mecanismos de interoperabilidad efectivos con Senasa.
Impactos esperados y próximos pasos
Si avanza sin cambios, la norma podría exigir a veterinarios y certificadores locales matricularse en la provincia, realizar cursos periódicos y validar habilitaciones, lo que las entidades advierten que generaría costos y tiempo adicionales para las cabañas. Esa carga administrativa se percibe como especialmente gravosa para pequeños productores y para quienes venden a través de ferias o plataformas digitales.
Las entidades rurales propusieron una alternativa centrada en la interoperabilidad con el sistema nacional y en la simplificación de trámites, mientras que desde el oficialismo y parte del Colegio de Veterinarios sostienen que la incorporación de tecnologías como el QR puede mejorar la trazabilidad sin sobrerregular. En los próximos días la discusión en comisiones será clave para definir si se aprueba una versión revisada, si el Ejecutivo avanza con la derogación de la ley de 1970 o si se consensúan cambios que eviten duplicidades con el sistema nacional.
Por ahora, la Mesa de Enlace mantiene la presión y confirmó que seguirá de cerca la tramitación legislativa, advirtiendo sobre el impacto económico y operativo en las cabañas pampeanas. El Colegio Médico Veterinario fue contactado por este medio pero no brindó respuesta hasta el cierre de la nota, y la pulseada entre modernización y simplificación administrativa continúa siendo el eje del debate público.
