Un estudio reciente del productor y exsecretario del área de Agregado de Valor de la Nación, Néstor Roulet, reaviva el debate por el peso fiscal sobre la soja y sus efectos en la renta rural. El análisis simula la cadena de valor con parámetros que hoy son representativos de la región núcleo y concluye que la presión impositiva es el factor que más erosiona la rentabilidad.
La simulación parte de un rendimiento de 3,8 toneladas por hectárea y un precio FOB de US$ 460 por tonelada, lo que arroja un ingreso bruto de US$ 1.748 por hectárea. Sobre ese monto se aplica la alícuota vigente de 24 % en derechos de exportación, que equivale a US$ 419,52 por hectárea.
El trabajo distingue claramente entre el productor que alquila y el propietario del campo, y sitúa el resultado económico del arrendatario en términos preocupantes. Para el productor que alquila, la renta neta o margen operativo queda en apenas US$ 42,77 por hectárea, mientras que el Estado captura US$ 745,16 por hectárea en conceptos de retenciones y otros impuestos.
Ese monto recaudado por el fisco representa el 43 % del ingreso generado por la producción, según la simulación de Roulet, y equivale a una suma 17 veces superior al margen que deja la actividad al arrendatario. Esa comparación resume la tesis central del informe: no son los alquileres los que explican la baja rentabilidad del cultivo, sino la carga tributaria.
Qué muestran los números y por qué importa
Al analizar la renta para el propietario, el informe estima que el ingreso por alquilar la tierra es de US$ 544 por hectárea, pero tras descontar impuestos y costos queda un ingreso neto de US$ 208,41 por hectárea. Ese monto representaría apenas el 1,2 % anual sobre un valor de la tierra estimado en US$ 18.000 por hectárea, una rentabilidad que, en la visión del autor, no justifica la percepción de que los alquileres son la causa principal del problema.
Roulet traduce la carga tributaria y el alquiler a cantidades físicas para facilitar la comparación sectorial y, en su escenario base, la suma de costos directos, impuestos y alquiler equivale a aproximadamente 16 quintales por hectárea. Con esos parámetros, el margen final para el productor que arrienda se mantiene en los mencionados US$ 42,77 por hectárea, una cifra que pone en tensión la continuidad de negocios agrícolas en lotes arrendados.
En un escenario alternativo —hipotético y construido para medir el impacto de quitar las retenciones— el estudio muestra cambios significativos en la distribución del ingreso. Si se eliminaran por completo los derechos de exportación, el margen del productor pasaría a US$ 89,97 por hectárea, es decir, más del doble que en el escenario actual.
En ese caso, la rentabilidad del propietario subiría del 1,2 % al 1,7 % anual sobre el capital tierra, mientras que la recaudación estatal por hectárea se reduciría pero seguiría siendo relevante: US$ 587,6 por hectárea. La participación del Estado sobre el ingreso total se contraería del 43 % al 33 %, ilustrando que la eliminación de retenciones no deja sin recursos al fisco pero sí modifica la distribución del valor agregado.
Roulet advierte además sobre los efectos de un esquema gradual de reducción de retenciones previsto hasta 2028, que podría inducir distorsiones temporales en precios y decisiones de siembra. El informe subraya que muchos productores necesitan vender anticipadamente para financiar el ciclo, por lo que las bajas escalonadas pueden no traducirse en mayor inversión o expansión inmediata.
Otro punto relevante es el acceso al crédito, que continúa siendo limitado para pequeños y medianos productores según el documento, lo que condiciona la capacidad de aprovechar cualquier mejora en márgenes. El autor también sostiene que una presión tributaria de la magnitud observada tiene efectos de fiscalización y remite a antecedentes judiciales que han respaldado esa interpretación.
La discusión política y económica que abre el trabajo excede la contabilidad de un cultivo y toca decisiones sobre políticas públicas, equidad en la cadena y competitividad externa. En juego está cómo repartir el valor entre productor, propietario de la tierra y Estado, y qué reformas podrían impulsar una agricultura más sustentable económica y socialmente.
Para productores, arrendatarios y responsables de política pública, los números son una llamada a revisar supuestos: si la principal restricción a la rentabilidad es la presión impositiva, las soluciones deben buscarse en la arquitectura tributaria y en facilitar financiamiento, no sólo en regular los precios de los alquileres. El debate queda abierto y exige que próximos análisis incorporen dinámicas de mercado, variabilidad climática y escenarios de precios internacionales para validar las conclusiones con más amplitud.
