Durante la primera jornada del congreso Aapresid, el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, definió el proceso de revisión normativa como un “mundo kafkiano” donde al eliminar una norma aparecen decretos y disposiciones contradictorias. Esta imagen resume el desafío de ordenar casi un siglo de reglas que hoy impactan en la operativa diaria del campo.
La acumulación de medidas obsoletas dificulta la toma de decisiones, eleva costos administrativos y genera incertidumbre para los productores. Entender este proceso es clave para evaluar cómo cambiará la competitividad del sector agropecuario en los próximos años.
El laberinto normativo que buscan ordenar
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado trabaja en dos frentes: ajustes superficiales para eliminar normas inútiles y reformas estructurales para redefinir roles y procesos. Según Fariña, el objetivo es identificar las reglas más relevantes para el día a día del productor y clasificarlas por temática para su revisión.
En ese marco ya se derogaron 50 normas en el último mes como parte de una primera limpieza normativa. Además, el equipo sostiene que muchas disposiciones están redactadas “como si el productor fuera un delincuente”, una visión que pretenden revertir con cambios concretos.
Qué cambia en Senasa
El foco en Senasa busca transformar al organismo desde una entidad punitiva hacia una autoridad que garantice salud y calidad alimentaria sin ahogar la actividad productiva. La propuesta incluye simplificar trámites y confiar en mecanismos como la declaración jurada para reducir autorizaciones innecesarias.
El trabajo se hace en conjunto con técnicos del organismo y con feedback de productores a través de redes y la plataforma Reporta tu burocracia. El resultado será un digesto normativo simplificado que, según Fariña, podría estar listo en 3 o 4 meses y comenzar a impactar desde 2027.
Logística, seguros y financiamiento
La desregulación que impulsa el ministerio no se limita a normas sanitarias y alcanza áreas como la logística fluvial, seguros y leyes de financiamiento antiguas. Fariña aseguró que el transporte por barcazas debería ser entre 4 y 5 veces más barato y que abaratar la vía navegable podría equivaler a bajar entre 8 y 10 puntos el costo de las retenciones para provincias del norte.
En seguros, la idea es flexibilizar aprobaciones para que el mercado desarrolle coberturas climáticas diversas sin pedir permiso previo para cada producto. También se propone actualizar normas de financiamiento de la década de 1940 para permitir herramientas como warrants y pagarés que faciliten capital de trabajo.
Riesgos y oportunidades para el productor
Una normativa más clara y menos burocrática puede reducir costos y mejorar la competitividad del agro, pero la desregulación exige equilibrio para no dejar vacíos que afecten la salud pública o la trazabilidad. Por eso, los técnicos advierten que la función esencial del Estado seguirá siendo controlar balances sanitarios y patrimoniales, no decidir la viabilidad comercial de cada producto.
El proceso que describen desde el ministerio apuesta a devolver confianza al productor mediante reglas más simples y previsibles. Si se cumplen los plazos anunciados y se mantienen controles efectivos, la expectativa es que el cambio reduzca cargas administrativas sin sacrificar la seguridad alimentaria.
Los próximos meses serán clave para ver si el digesto y las reformas anunciadas se traducen en alivio real para las chacras y plantas industriales. Palabra de Campo seguirá el avance de estas iniciativas y su impacto en costos, logística y acceso a financiamiento en el sector rural.
