Se agudiza la puja judicial por los activos de Alimentos Refrigerados SA (ARSA), la láctea quebrada dueña de marcas como Yogs, Shimy, Sancorito, Vida y Sublime. La disputa pone en juego plantas productivas, marcas conocidas y puestos de trabajo clave para la cadena láctea local.
Dos oferentes presentaron propuestas iguales por la totalidad de los bienes: Vicentin, ahora controlada por el Grupo Grassi, y L3N SA, firma del grupo Adecoagro, con ofertas de US$3,5 millones cada una por las plantas de Arenaza (Buenos Aires) y Monte Cristo (Córdoba) junto a marcas y demás activos. La puja incluye además propuestas parciales de terceros y una evaluación judicial que aún no definió adjudicación.
El 9 de septiembre, el abogado de L3N presentó ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°29 un escrito que ratifica la intención de ofrecer US$3,5 millones pero mantiene la propuesta condicionada a la inspección de los establecimientos. En ese escrito, L3N precisó que no pudo visitar las plantas porque la Sindicatura aún no autorizó el acceso y reiteró su pedido de documentación técnica y contable.
L3N es la sociedad que Adecoagro creó en 2019 para gestionar activos lácteos adquiridos a SanCor, y ahora propone incorporar los bienes de ARSA a su operación industrial. La compañía subrayó su capacidad técnica, operativa y financiera para reactivar las instalaciones, aunque aclaró que no asumiría las deudas ni las relaciones laborales de la quebrada.
Vicentin, por su parte, presentó el 21 de agosto una oferta irrevocable y vinculante por US$3,5 millones y depositó como garantía en pesos un equivalente al 10 % del precio, es decir US$350.000. En su presentación discriminó internamente el valor de los activos: US$1,15 millones para Arenaza y marcas de flan casero, US$1,7 millones para Monte Cristo, US$625.000 para otras marcas y US$25.000 para vehículos y existencias, aunque la oferta es integral.
Qué está en juego
Uno de los puntos centrales del conflicto es el pedido de preferencia o derecho de igualación que planteó Vicentin ante la Justicia, mientras que L3N reclama un procedimiento de mejora abierto y competitivo sin ventajas para ningún oferente. Las compañías discuten si la venta debe preservarse como unidad para facilitar la reapertura industrial o si deben admitirse adjudicaciones parciales que fragmenten los activos.
La discusión tiene implicancias prácticas: vender las plantas y marcas de forma conjunta facilitaría una reactivación coordinada de las fábricas de Arenaza y Monte Cristo y preservaría know‐how y empleos, según argumentan quienes piden la unidad. En cambio, una adjudicación fraccionada podría acelerar recuperos parciales pero complicar la integración productiva y comercial de las marcas.
Además de Vicentin y L3N, otras ofertas constan en el expediente, entre ellas la de Elcor SA que propuso US$1 millón por la planta de Arenaza y determinadas marcas y US$450.000 por otras marcas, mientras que un grupo de oferentes presentó US$1,5 millones por el inmueble cordobés. Ante la multiplicidad de propuestas, el 20 de agosto la Justicia designó un evaluador para estimar el valor de los bienes de forma conjunta y por separado, y por ahora no hay adjudicación.
Los próximos pasos dependen de que la Sindicatura autorice las visitas y que el evaluador judicial entregue su informe, escenario que puede definir si se abre una ronda competitiva de mejoras o se adjudica la oferta más conveniente para la masa. Mientras tanto, persisten las incertidumbres sobre plazos, la posible reasignación de personal y la viabilidad técnica de volver a producir con bajas interrupciones en la cadena de suministros.
Para el sector agroindustrial, la resolución del caso ARSA será un antecedente sobre cómo se manejan procesos concursales con activos industriales y marcas de consumo masivo en el país. Seguiremos de cerca las autorizaciones de inspección, la respuesta de la Sindicatura y cualquier nueva mejora de oferta que cambie el equilibrio entre los interesados.
