Política de Estado nacida en Córdoba alcanza más de tres millones de hectáreas protegidas

A diez años de su creación, las Buenas Prácticas Agropecuarias reúnen a más de 3200 productores y 50 instituciones; la provincia prepara un nuevo paso para extender el modelo al resto del país

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En la Casa de Córdoba en Buenos Aires se conmemoró el décimo aniversario del Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs), y el ministro de Bioagroindustria provincial, Sergio Busso, destacó el camino recorrido y la intención de ampliar la experiencia a escala nacional. La iniciativa nació de una articulación entre el Estado, los productores y más de 50 instituciones vinculadas con la actividad agropecuaria.

El programa, lanzado hace 10 años para promover una producción más sostenible y reconocer a los productores que incorporan prácticas responsables, ya cubre 3,15 millones de hectáreas y reúne a más de 3.200 productores con más de 25.100 prácticas declaradas. Además, esos productores integran alrededor de 12.150 unidades de manejo, lo que demuestra alcance y diversidad en los sistemas productivos que participan.

Como innovación destacada, el año pasado se implementó un seguro multirriesgo en un plan piloto que alcanzó 550.000 hectáreas de soja y maíz, ofreciendo cobertura gratuita a numerosos productores y marcando una vía para mitigar riesgos climáticos y económicos. El Gobierno provincial apuesta ahora a escalar esa herramienta para ampliar la superficie cubierta y mejorar la resiliencia del sector.

En la celebración, la diputada nacional por Córdoba Carolina Basualdo anunció que el bloque de Provincias Unidas impulsará un proyecto de ley para dar un marco nacional a iniciativas como las BPAs y premiar a quienes adopten prácticas sostenibles. Ese impulso legislativo busca convertir la experiencia provincial en una política pública replicable en otras regiones productivas del país.

Qué implica federalizar las BPAs

Llevar el programa al ámbito nacional exige resolver desafíos técnicos y políticos, como la heterogeneidad productiva entre provincias, la fuente de financiamiento y la capacidad institucional local para verificar prácticas. También implica diseñar plataformas digitales interoperables que faciliten la trazabilidad, la medición de impacto ambiental y la articulación con seguros, créditos y mercados diferenciados.

Uno de los hitos del programa fue la sanción en 2019 de la Ley Provincial de Buenas Prácticas Agropecuarias 10.663, presentada como la primera legislación de este tipo en el país con respaldo de todos los bloques. En paralelo, la política incorporó herramientas tecnológicas como el primer mapa digital de BPAs presentado en 2020 por Idecor, que permite visualizar de forma georreferenciada la gestión sustentable en los establecimientos.

El programa recibió reconocimientos internacionales que posicionan a Córdoba como caso de referencia, entre ellos el Premio “Buenas Prácticas Regionales” de ORU Fogar-PNUD en 2022 y el Premio CiTA en 2023 por innovación tecnológica. Estas distinciones pueden facilitar el acceso a financiamiento y alianzas técnicas para escalar la experiencia a otras provincias.

Para los productores la iniciativa no es solo una etiqueta; implica acompañamiento técnico, acceso a herramientas y respaldo institucional que facilitan la adopción de tecnología y el cuidado de recursos como suelos y agua. La consigna que sintetiza el programa —“No importa solamente qué producir, sino cómo producir”— remarca que la sostenibilidad es también un factor de competitividad comercial y climático.

Si la propuesta se nacionaliza, podría conectar prácticas sostenibles con incentivos concretos como seguros, líneas de crédito diferenciadas y acceso a mercados que valoran la trazabilidad ambiental, lo que aumentaría el atractivo para más productores. El desafío será coordinar a los gobiernos provinciales, actores privados y entidades técnicas para ampliar la cobertura más allá de las actuales 3,15 millones de hectáreas.

En los próximos meses se espera la presentación del proyecto de ley y el inicio de debates técnicos que definirán alcance y financiamiento, mientras que la experiencia cordobesa servirá como referencia operativa. El equilibrio entre la rigurosidad técnica y la practicidad para el productor será clave para que las BPAs pasen de política provincial a instrumento federal de sostenibilidad agropecuaria.

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