La decisión se adoptó en una reunión de la comisión de Economías y Desarrollo Regional, luego avalado por sus pares de la comisión de Presupuesto y Hacienda, debido a la financiación que requiere esta ley para beneficiar las economías y la producción del interior del país.
Sin embargo, a diferencia de lo que pasó en Economías y Desarrollo Regional, en Presupuesto hubo un fuerte debate entre el FDT y algunos diputados de JXC, que expresaron su rechazo al proyecto diseñado por el diputado oficialista Ramiro Fernández Patri.
La iniciativa tuvo 16 firmas -sobre 31- en Economías Regionales y 24 firmas -de 32- en la comisión de Presupuesto, informó su vicepresidente Sergio Palazzo (FdT), quien reemplazó hoy a su presidente Carlos Heller.
El oficialismo aspira a incluirlo en una sesión que se podría realizar el próximo miércoles, pero para ello se requerirá que tenga dictamen de la comisión de Agricultura, que podría hacerlo el martes, señalaron fuentes parlamentarias.
La iniciativa establece la creación de un régimen de promoción a la producción y elaboración de productos orgánicos por un plazo de 10 años, con beneficios impositivos y un certificado de crédito fiscal, entre otros puntos.
El presidente de la comisión de Economías y Desarrollo Regional, Fernández Patri, afirmó que “la producción orgánica tiene múltiples beneficios para la sociedad, principalmente es alimentación saludable, pero sabemos que eso significa cuidar el ambiente, el suelo, el agua, no usar fertilizantes químicos”.
Al defender el proyecto, el legislador del FDT dijo que “cuando pagamos el precio diferencial de un producto orgánico estamos pagando salud, más años de vida y estamos contribuyendo a más trabajo en nuestras comunidades rurales”.
Para Patri, la normativa va a “generar nuevos mercados y a contribuir a concientizar para que aumente el consumo de producción orgánica”
Asimismo, dijo que crea un registro y un bono fiscal “representado por el 70% de lo que paguen de masa salarial aquellas empresas que se dediquen a la producción orgánica, y podrá ser usado en AFIP para cancelar otros compromisos fiscales”.
En tanto, el presidente del bloque del FDT, Germán Martínez, informó que el proyecto tuvo modificaciones referidas al financiamiento y destacó que “queremos dejar en claro que el piso de financiamiento-actualmente en 100 millones- sea actualizable, fijando los objetivos y el alcance de la ley en aquellos productores pymes que lo necesiten, los de mediana empresa y para abajo; además de no reducir aportes al PAMI”.
Desde la oposición, el radical de Evolución Martín Tetaz señaló que “hay una confusión muy grande que produce subdesarrollo en un país, es el error de pensar la teoría de valor asociada a la teoría de los costos si el mercado no está dispuesto a pagar por lo que cuesta producir ese bien”.
En tanto, el mendocino radical Lisandro Nieri dijo que “si hay que promocionar las inversiones ya que la carga impositiva en nuestro país es elevadísima pero es poco serio que estemos dando tratamientos particulares a cada uno de los sectores; debemos trabajar en una ley única”.
El dictamen establece que podrán ser beneficiarios del plan los productores y elaboradores -alcanzados por la ley de Producción Ecológica, Biológica u Orgánica- que acrediten al menos un año de permanencia y cuya factura máxima se ubique en los parámetros establecidos para las empresas medianas.
También se faculta a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a crear un certificado promocional a los efectos de la operatividad del presente régimen.
Uno de los puntos claves referidos al financiamiento establece que la Jefatura de Gabinete podrá realizar las asignaciones necesarias para cumplir la ley por la suma equivalente a 12.500 módulos que en la actualidad ascienden a $ 100 millones.
Por otro parte, el dictamen fija que no podrán ser beneficiarios de este régimen los contribuyentes declarados en quiebra ni los querellados penalmente por delitos comunes.
