Pergamino es una ciudad agrícola por excelencia. Está ubicada en el interior de la provincia a tan solo 222 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene los encantos del interior bonaerense pero también la impronta de una ciudad pujante, apalancada por la fertilidad de sus tierras, que se encuentran entre las más cotizadas de Argentina. Por ese motivo, se instalaron en los últimos años cientos de establecimientos vinculados a la agroindustria.
En definitiva, la mejor descripción que podemos encontrar de ésta ciudad es que en 1997, a través del decreto 190/97 fue declarada Capital Nacional de la Semilla, con lo que eso representa.
Un fallo judicial reciente mantiene en vilo a gran parte del sector agroindustrial, no solo de Pergamino sino de toda la Argentina, incluyendo a empresarios, funcionarios, cámaras y asociaciones de productores.
Pasaron muy pocos días desde que el propio presidente Mauricio Macri considerara en su paso por Gualeguaychú, Entre Ríos, como “irresponsable” otro fallo de la Justicia que condiciona la fumigación con fitosanitarios a menos de 100 metros de las escuelas y amplía esa franja a 1000 metros.
En San Nicolás, desde el Juzgado Federal Nº 2, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo ordenó la suspensión urgente de la aplicación de varios productos químicos en campos que rodean tres barrios de Pergamino donde según la justicia hay varios casos de adultos y niños con problemas de salud y enfermedades sin diagnóstico. El juez, además imputó a cuatro productores agropecuarios por determinar que incumplen reiteradamente las disposiciones vigentes en cuando a la aplicación y uso de fitosanitarios y también envió un exhorto al Municipio de Pergamino para que garantice la potabilidad del agua en los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida.
Pergamino en el centro de la polémica
Según la investigación, se comprobó que el nivel de agroquímicos en las napas superficiales desde las cuales se toma agua vía pozo, es superior al tolerado por el organismo humano.
“Se dispondrá la inmediata suspensión provisional de las aplicaciones de fumigaciones con plaguicidas, herbicidas, insecticidas, y cualquier otro paquete de agroquímicos, sea mediante fumigaciones terrestres que contenga glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo”, explica el fallo.
En este sentido, la justicia menciona como productos prohibidos: Atrazina, Triticonazol, Metolaclor, Acetoclor, Clorpirifos, Glifosato, Imidacroplid, Desetil, 2.4D y “de los siguientes formulados: Roundup Full II, Roundup Max II, Roundup Ultramax“.
Según el fallo, las fumigaciones no están suspendidas para todo el partido, sólo lo están para las zonas adyacentes a los barrios involucrados, y pide que para el resto de los campos se establezca una zona de aplicación no menor a 600 metros de distancia de las viviendas.
Pero, ¿cuál es el origen de este fallo? Javier Martínez es el intendente de la ciudad y llegó al gobierno local con Cambiemos. Al enterarse de la resolución judicial, y siendo un tema de salud pública, pidió autorización para que la Autoridad del Agua (ADA), un ente provincial, tome intervención y evalúe la situación.
Un primer estudio indicó que había altos niveles de agroquimicos en el agua y por lo tanto le dio la razón a los vecinos. El trabajo fue realizado por especialistas del Conicet, del Inta- Balcarce y por Damián Marino, doctor en Ciencias exactas, especializado en química orgánica y referente del tema en la Universidad Nacional de La Plata. Marino explicó en innumerable cantidad de ocasiones que “estamos ante un modelo productivo desmadrado” que necesita un cambio y que “es el estado quién debe promoverlo”.
Por el contrario, el informe del ADA, al igual que otros estudios privados que solicitó Martínez, determina que lo encontrado está dentro de los parámetros permitidos. “Hace 40 años que se aplica glifosato, entre otros productos químicos, entonces es imposible no encontrar sus vestigios”. En este punto, el Intendente asegura que “esos resultados se ubican por debajo de lo permitido por organismos sanitarios nacionales e internacionales, como la OMS (Organización Mundial de la Salud). Por lo tanto, “la cuestión a resolver no es si hay o no residuos en el agua, sino cuáles son los límites tolerables en la salud humana“.
Martínez, aclaró además que “la discusión de las zonas de aplicación, amortiguamiento y exclusión no las puede definir un municipio” y que esto debe ser tratado en el ámbito nacional ya que “le queda grande el tema a un concejal, habiendo instituciones de renombre y prestigio científico en el país que pueden encarar estudios y trabajos más complejos”.
En paralelo y por el lado de la justicia, el juez Villafuerte Ruzo pidió un nuevo análisis al equipo de Toxicología de la Corte Suprema de la Nación que, a priori, estaría en desarrollo.
Desde la orbita provincial, el Ministerio de Agroindustria bonaerense intentó alinear las innumerables ordenanzas municipales con una resolución provincial, pero luego resolvió suspenderla para poder trabajar en forma precisa y detallada y a su vez optimizar las condiciones de operatividad con los municipios.
Los damnificados
Sabrina Ortiz es una de las denunciantes. Vive en el barrio Villa Alicia, muy cerca de los campos de soja por los que se fumiga con aeroaplicadores. Sufrió la pérdida de un embarazo en 2011 y diversos problemas de salud en su familia. Se constituyó en querellante, denunció a los productores que manipulaban “residuos peligrosos” – así lo explica Sabrina – y logró este fallo al que califica de positivo para la comunidad. Ella integra, junto a otras madres, la agrupación Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, que realizó varias protestas en la ciudad y logró que el municipio tomara intervención y analizara la calidad del agua.
Héctor Spagna es un vecino que nació y vivió toda su vida en las afueras de Pergamino. “A muchos les dijeron que las reacciones y problemas de salud eran debido a una alergia”, expresa. Convencido acerca de la vinculación entre las aplicaciones y distintas afecciones en la salud de la población y tras haber sufrido lo mismo en carne propia, asegura que “quedan resabios de los venenos que tiran” y describe que varios productores “tiran los envases en cualquier lugar y descartan afluentes en la vía pública”.
Los casos se repiten y las descripciones de lo que han vivido son escalofriantes
