El funcionario indicó que de los 46 hechos que se encuentran judicializados en la actualidad, “la gran mayoría no tiene resolución” y que en junio pasado se produjo un incremento en la cantidad de casos denunciados en distintos puntos del país.
También consideró que “es muy difícil pensar que hay una organización a nivel nacional que se dedique a esto”.
“El Presidente (Alberto Fernández) y los ministros condenamos y creemos que hay que establecer un mecanismo claro, estudiar e investigar qué hay, hacer una georreferenciación para la trazabilidad del delito, ver si se puede establecer un mecanismo específico con los gobiernos provinciales de capacitación y, eventualmente, donde estén las fuerzas federales, hacer un acompañamiento de la cuestión”, agregó el funcionario de la cartera que conduce Sabrina Frederic.
Este mensaje fue transmitido el jueves pasado a las entidades que conforman la Mesa de Enlace durante una reunión en la que participaron el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, junto con Frederick y Fuks.
Ese encuentro se produjo tras la reunión que Frederic mantuvo el miércoles con el Consejo de Seguridad Interior, compuesto por los responsables del área de las provincias.
En ese marco, se decidió “crear una instancia de coordinación de la información que hay sobre esto, porque esa información las manejan las provincias y ellos nos dieron su análisis y se comprometieron a mandar información” a la cartera nacional, señaló Fuks a Télam.
“De esta forma empezamos a construir una lógica de información, para establecer una estadística y una potencial recomendación sobre investigación criminal del tema”, completó el funcionario.
Bajo este panorama, Fuks destacó que “el delito existe y que en junio levantó, pero no tenemos estadísticas anteriores, porque el Gobierno no venía trabajando en este tipo de hechos” debido a que no son de índole federal.
Según Fuks, “de los 46 casos (de rotura de silobolsas) que vimos judicializados, la gran mayoría no tiene resolución”.
En los que hubo resolución, las causales fueron conflictos sindicales o entre productores por animales.
LAS INVESTIGACIONES
“La mayoría de los casos todavía no tiene una explicación. En mi opinión es muy difícil pensar que hay una organización a nivel nacional que se dedique a esto y que nadie sepa quiénes son. Puede haber algún caso que esto pase en una provincia, puede ser. No lo descarto, pero tampoco lo afirmo”, agregó Fuks.
Respecto al proyecto de ley que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en el cual se tipifica el delito de “vandalismo rural” y prevé penas de cárcel de 2 a 5 años, y de hasta 10 y 25 años si existe estrago o la muerte de una persona, Fuks consideró importante la posibilidad de contar con esa norma.
“Va a ser importante porque si esa ley tiene vigencia, todo lo que se haga va a estar vinculado a lo que esa ley plantee”, señaló.
“Es un delito difícil de investigar y con baja calidad de penas es difícil de combatir. El proyecto (presentado por Massa) levanta las penas, y no me parece mal sobre este tipo de delitos que avanza sobre el esfuerzo y la producción. Aquí hay trabajo argentino que debe ser defendido”, resalto Fuks.
¿QUÉ DICE EL CAMPO?
Por el lado de las entidades, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, dijo a Télam que ve la situación “con preocupación” a causa del aumento en la cantidad de casos y volvió a pedir al Gobierno que “ponga en marcha un mecanismo de protección”.
“Veo la situación con preocupación, porque si bien de la primera reunión a la segunda el Gobierno se ha interiorizado en la cantidad de casos que hay, ha empezado a trabajar en una división especializada en delitos rurales y ha generado una serie de balances para ver dónde estamos parados; el problema es la urgencia”, remarcó Chemes.
“Necesitamos darle una solución al productor y que sienta que alguien los está protegiendo”, concluyó el dirigente ruralista.
