En América Latina y el Caribe viven en zonas rurales 58 millones de mujeres y una parte importante de ellas juega un rol central en la producción y abastecimiento de alimentos. Por esto, la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), mediante su rol en la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes (ALMA) impulsa la campaña global “Mujeres rurales, mujeres con derechos”.
Fabiola Yañez, primera Dama de la Argentina, participó activamente en el lanzamiento de la quinta edición de la campaña, junto con Diana Guillen, jefa de Gabinete del Ministerio de Agricultura de la Nación, y Susana Mirassou, presidenta del INTA, entre otras representantes de instituciones de gobierno, instancias de cooperación internacional, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil y entidades privadas de toda América Latina, además de agencias y programas de Naciones Unidas.
En su último viaje a Misiones, Fabiola Yañez se contactó con mujeres rurales de diferentes localidades de la provincia. En un marco de multiplicidad de realidades, escuchó sus necesidades y compartió vivencias, reafirmando su compromiso pleno en visibilizar el importante rol de la mujer en la sociedad y la defensa de sus derechos.
La campaña regional de comunicación, liderada por la FAO, busca reconocer las formas de organización, los conocimientos, capacidades y las necesidades urgentes de las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes de la región, acrecentadas por la pandemia de la COVID-19.
Las 25 organizaciones e instituciones destacaron el rol central que juegan las mujeres rurales en la producción, abastecimiento y comercialización de alimentos, así como en la preservación de conocimientos y saberes tradicionales.
Las mujeres rurales continúan trabajando para responder a la demanda de alimentos en las ciudades, comunidades rurales y en sus propias familias.
No obstante, muchas de ellas enfrentan serias limitaciones para acceder a recursos productivos, como la tierra, el agua, los insumos agrícolas, el financiamiento, los seguros y la capacitación, además de diversas barreras para colocar sus productos en los mercados; esta situación puede llegar a ser aún más compleja para las mujeres indígenas y afrodescendientes.
Además, muchas de ellas trabajan de manera informal, por lo que no cuentan con mecanismos de protección social, que hoy se han vuelto una necesidad fundamental.
En América Latina y el Caribe, donde el hambre alcanza a 47,7 millones de personas en 2019 -cifra que podría llegar a casi 67 millones para 2030, incluso sin considerar el impacto de la pandemia-, la quinta edición de la Campaña busca difundir información y propuestas de soluciones para la situación de las mujeres rurales, con énfasis en la seguridad alimentaria y nutricional, en la reducción de la pobreza, en la eliminación de la violencia de género, así como apoyar las políticas públicas que impulsan las instituciones de gobierno en los países para atender esta situación.
La sobrecarga de trabajo
Desde antes de la pandemia, las mujeres rurales enfrentaban una gigantesca sobrecarga de trabajo no remunerado, labores productivas, familiares y domésticas por las cuales no reciben pago alguno.
Los desafíos de la pandemia no han hecho más que complejizar esta situación, pues además de sus actividades productivas, las mujeres deben dedicar una mayor parte de su tiempo a cuidar de niñas y niños que dejaron de ir a la escuela, y a atender a personas enfermas y de la tercera edad.
A esta situación crítica, se suman los recientes reportes sobre posibles incrementos de la violencia de género, a raíz de las necesarias medidas sanitarias y de aislamiento social que se han implementado en los países de la región para hacer frente a la pandemia.
Una alianza de alto nivel para avanzar junto a las mujeres rurales
La Campaña busca visibilizar a las mujeres como guardianas e impulsoras del desarrollo sostenible, en línea con la Agenda 2030 para no dejar a nadie atrás.
Asimismo, busca sumar esfuerzos y continuar avanzando en la implementación de políticas y programas públicos y privados intersectoriales que reconozcan y actúen sobre los desafíos que enfrentan las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes, colocándolas al centro de las estrategias de desarrollo sostenible.
